El asesinato del fiscal antimafia César Suárez agudizó la crisis de violencia en el país vecino.
El asesinato del fiscal César Suárez la tarde del miércoles en Guayaquil se correlaciona con la investigación que adelantaba sobre Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda criminal ‘Los Choneros’ y quien huyó de la cárcel de Guayaquil y ahora es buscado por la Interpol.
l pasado 7 de enero, el Gobierno de Ecuador admitió que no supo cuándo ‘Fito’, el criminal más peligroso del país, se escapó. Le tomó 15 horas reconocer que se les había fugado el cabecilla de la sanguinaria banda delictiva y brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa en Ecuador.
A vísperas de su asesinato, Suárez, acribillado el pasado miércoles con 20 balazos mientras conducía su vehículo por una calle principal de la ciudad de la costera ciudad de Guayaquil, había pedido a los fiscales de Manabí -provincia donde se habían detectado negocios vinculados al narcolavado- certificar la situación jurídica de Peñarrieta dentro del caso de Asistencia Penal 005-2024, solicitada por Argentina, país que investigaba la presencia de la esposa de ‘Fito’, sus tres hijos y otros familiares en su territorio.
La familia del criminal se había radicado en un exclusivo barrio de Córdoba, Argentina desde el pasado 5 de enero. Según reportes de medios argentinos, habían adquirido en noviembre pasado una lujosa casa por 300.000 dólares que fueron pagados en efectivo.
Luego de confirmar la identidad de Peñarrieta, sus tres hijos y otros allegados al entorno de ‘Fito’, Argentina los expulsó la noche del jueves y los envió a Ecuador en un avión oficial.
Foto: AFP
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, calificó como un “éxito” haber detectado y deportado al entorno de ‘Fito’ y aseguró que Argentina es un “territorio hostil” para el narcotráfico. Por su parte, el ministro del Interior de ese país, Guillermo Francos, también aseguró que Suárez investigaba los viajes de Peñarrieta que también registró ingresos migratorios en septiembre, octubre, noviembre de 2023.
Peñarrieta fue sobreseída en Ecuador en al menos cuatro procesos por delitos de delincuencia organizada y lavado de activos y aunque no tiene una orden de detención, será sometida a la Fiscalía ecuatoriana para investigaciones por la adquisición de sus bienes, que superarían los cinco millones de dólares, según señaló una fuente de la Fiscalía.
El asesinato del fiscal Suárez es solo la punta del iceberg de la violencia que padece Ecuador, en donde una persona muere cada 69 minutos a causa de la inseguridad, lo que ha convertido al blindaje de ropa, vehículos, casas y oficinas en una creciente necesidad para sentirse seguros.
Según el portal de estadística alemán Statista, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumentó en un 300 por ciento en 2023, al alcanzar el récord histórico de 7.878, de los que solo se resolvieron 584.
Suárez, además, investigaba la toma de rehenes el pasado 9 de enero en el canal público TC Televisión por parte de la banda criminal ‘Los Tiguerones’ e importantes casos de corrupción.
Tras el retorno de la esposa de ‘Fito’ a Ecuador, la Policía advirtió sobre un posible recrudecimiento de la violencia. De hecho, la primera respuesta a la llegada de los relacionados de ‘Fito’ fue una alerta de bomba en las inmediaciones de la Embajada de Argentina.
“La Policía Nacional está atenta a cualquier efecto que podría producir esta captura y otras acciones más que se están desarrollando”, indicó el general Víctor Herrera.
El asesinato de Suárez, uno de los fiscales más relevantes en la investigación contra los lideres narcoterroristas, expone el desafío mayúsculo que significa la guerra contra el crimen en Ecuador. Desde el 2019 se han asesinado a siete fiscales bajo orden de los GDO, según información oficial.
“Este asesinato del Fiscal Suárez es una señal, una demostración de los grupos delictivos para despertarnos de la confianza que habíamos logrado en esta semana con el control militar en las calles. Es un mensaje de aquí estamos, no nos hemos ido, estamos presentes” señala el politólogo Francisco Herrera Arauz.
El analista considera que el crimen organizado, demuestra con estos actos que han asentado su espacio en el país, donde han hecho de su sucio negocio una especie de campo abierto”.
La nueva normalidad impuesta por la violencia
La vida en Ecuador ha cambiado radicalmente desde que el pasado 9 de enero, el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró el estado de guerra interna para combatir a por lo menos 22 grupos delictivos organizados (GDO) que protagonizan la mayor crisis de inseguridad y violencia que se haya registrado en este país de 17 millones de habitantes.
Mientras las muertes violentas se registran todos los días y en cualquier lugar del país, los ecuatorianos intentan adaptarse a una nueva normalidad que, además de su tranquilidad, ha restringido su movilidad, vida social y el normal desarrollo educativo de jóvenes y niños.
El doctor Rodrigo Tenorio Ambrossi, especialista en psicología clínica describe la convivencia de la sociedad ecuatoriana como una “envoltura carcelaria” a la que ha sido sometida por la inseguridad y las medidas para enfrentarla. “El país se ha vuelto casi invivible, la gente tiene temor en las calles, a partir de las 18:00 las calles quedan desoladas porque los ciudadanos tratan de encerrarse en sus casas para evitar riesgos, la zozobra es generalizada”, señaló para EL TIEMPO.
Foto: EFE
“Este temor e inseguridad personal, familiar y social, está afectando a todos, pero con mayor incidencia en niños y jóvenes. Las repercusiones a la salud mental de los ecuatorianos se reflejarán a corto y mediano plazo”, puntualizó.
Cerca de 24 mil operativos militares y policiales se han ejecutado desde que el presidente Noboa, tras la ola de violencia desencadenada la semana anterior, decretó al Ecuador en conflicto armado interno. Según las cifras oficiales del 18 de enero, se han realizado 23.610 operaciones militares, de ellas 55 contra grupos terroristas en las que se detuvieron a 158 delincuentes y cinco fueron abatidos.
Según el reporte de la Presidencia de la República, se incautaron 829 armas de fuego, 965 armas blancas, 24,367 municiones, 537 explosivos y 6018 kilos de droga.
32 reos que fugaron de diversas cárceles del país durante los motines de la semana pasada fueron recapturados, aunque hasta el momento no se conoce el paradero de los fugitivos, alias Fito y alias capitán Pico, los líderes de la banda de los Choneros y los Lobos, respectivamente.
Las calles militarizadas, un toque de queda de 11 p. m. a 5 a. m., los refuerzos de seguridad en instituciones públicas y espacios comerciales, los controles en carreteras y vías de acceso a las principales ciudades y los informes de allanamientos, detenciones e incautaciones de armas y drogas, tinturan el intranquilo panorama del nerviosismo ciudadano. Incluso, en las propias fuerzas del orden se han tomado precauciones para evitar posibles envenenamientos en alimentos o bebidas que donan a uniformados mientras custodian las calles o atienden emergencias.
MAGGY AYALA SAMANIEGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
QUITO
Fuente: El Tiempo
